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México debe fortalecer sus capacidades para enfrentar crisis climática

El regreso a la nueva normalidad debe priorizar el diálogo, la transversalidad, el fortalecimiento de capacidades y la transparencia a fin de avanzar hacia una transformación energética justa que cumpla con los compromisos del país, afirmó Yutsil Sanginés Sayavedra, directora general de Políticas para el Cambio Climático de la Semarnat.

Durante su participación en los Diálogos Ambientales, con el tema “La transición energética: el cambio climático y la pandemia que modificó las tendencias”, la funcionaria destacó que, ante la crisis climática que enfrenta el país y el planeta, México cuenta con instrumentos de política nacional.

Entre los que destacó, el Programa Especial de Cambio Climático 2020-2024 (PECC), que se alinea a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y responde al compromiso de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés).

Asimismo, precisó que tanto el PECC como las NDC son instrumentos transversales en los que participan diferentes sectores y dependencias, pues se trata de metas que México asumió como país.

Sanginés Sayavedra enlistó los cuatro objetivos prioritarios del PECC, así como las estrategias vinculadas a los cinco ejes del componente de adaptación de las NDC que cuentan con indicadores de seguimiento y metas como la reducción del dióxido de carbono (CO2), la generación de energías limpias, el fortalecimiento de capacidades adaptativas, y la conservación de bosques, selvas y manglares para la captura de carbono.

En cuanto a las NDC señaló que el compromiso es la reducción del 22 por ciento de gases efecto invernadero y el 51 por ciento de carbono al 2030.

A la par, resaltó que en la Ley General de Cambio Climático ya se incluyen la reducción por cada uno de los sectores como transporte (-18 por ciento), electricidad (-31 por ciento), residencial (-18 por ciento), petróleo y gas (-14 por ciento), industria (-5 por ciento), agropecuario (-8 por ciento) y residuos (-28 por ciento).

La directora general para el Cambio Climático reiteró que para la implementación de estos instrumentos transversales es fundamental la participación de muchos actores que puedan abonar a los compromisos y superar las barreras que se presenten.

Por su parte, Iván González Márquez, de la Oficina del Secretario de Semarnat, advirtió más allá de generar una crisis de salud y económica, el SARS-CoV-2 se ha convertido en el catalizador que impulsará un cambio de fase global.

Esto se traducirá en la modificación de tendencias a gran escala, luego de haber alcanzado los límites de sostenibilidad del planeta, como resultado de un proceso de “gran aceleración” del desarrollo mundial.

Este escenario, aseveró, se venía generando desde la década de los cincuenta del siglo pasado como resultado del desarrollo industrial, y su principal motor fueron los combustibles fósiles, de acuerdo con el estudio “La trayectoria del Antropoceno: la gran aceleración”.

Lo anterior permitió un crecimiento acelerado de la población, pero también un aumento de la demanda de recursos, un mayor consumo de energéticos, más emisiones a la atmósfera y una degradación de la biodiversidad, así como el cambio de los ciclos bioquímicos, todo lo cual derivó en la crisis que ya estaba enfrentando el planeta.

Agregó que a ello se suma la crisis sanitaria y económica por COVID-19, que plantea el reto de reactivar la economía a partir de un esquema diferente, pues la situación energética actua y la baja en los combustibles fósiles no permitirá seguir dependiendo de ellos, pero las energías renovables tampoco serán suficientes para cubrir los niveles actuales de consumo de energía.

González Márquez aseguró que este escenario coloca a México ante una discusión sobre cuáles son los modelos de desarrollo y las nuevas directrices para hacerle frente a una crisis que se vislumbra más grave que la de 2008 y que más que llevarnos a una recesión, lo hace a un periodo de crecimiento forzado.

Esto se traduce, subrayó González Márquez, en la necesidad de plantear un modelo diferente que revierta los efectos del neoliberalismo que sometió a presión a la sociedad en los servicios públicos, de infraestructura y de salud, al socializar los costos y privatizar los beneficios.